El archivo de contenidos científicos en repositorios constituye la segunda vía (la llamada ruta verde) para conseguir el acceso abierto al conocimiento científico y complementa la publicación en revistas de acceso abierto que se describe en el siguiente apartado.


Actualmente, según BuscaRepositorios, 39 universidades españolas han creado un total de 50 repositorios. Cabe resaltar también que algunas universidades tienen más de un repositorio: Universitat Politècnica de Catalunya (5), Universidad de Burgos (2), Universidad de Navarra (2), Universitat de Girona (3), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (3) y Universitat Oberta de Catalunya (2). Por otra parte, ocho universidades más participan en repositorios consorciados, como los del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (MDC, TDX, RECERCAT, MDX, RACO) o del Principado de Asturias (RIA). Así pues, en total 47 universidades (un 63%) tienen repositorio propio o participan en uno de consorciado. 


En lo que se refiere al año de creación, la figura 1 nos muestra la evolución temporal desde 2001, año en que el CBUC (Consorci de Biblioteques de Catalunya) puso en marcha Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), un repositorio consorciado para el depósito de tesis doctorales en el que inicialmente participaban 11 universidades. Hasta 2004 no se creó el primer repositorio institucional universitario que corresponde a la Universidad Complutense de Madrid. A partir de esa fecha se han ido implantando repositorios de una forma progresiva y creciente en las universidades españolas, llegándose al máximo en 2009. 


OpenCourseWare (OCW) es una iniciativa para promover el acceso libre a recursos docentes, que impulsó en abril de 2001, el Massachussets Institute of Technology. En España, Universia se adhirió al proyecto impulsando la incorporación de contenidos de las universidades españolas (http://ocw.universia.net/es/). Tal como consta en la sede web de Universia, desde 2006, se han sumado al proyecto 29 universidades españolas, lo que supone un 39 % del total de centros. En la figura 2 se presenta la evolución temporal de la adhesión de las universidades españolas al OpenCourseWare (OCW). Destaca 2010 como el año con mayores incorporaciones.


La cantidad de cursos incluidos en OCW por parte de las universidades españolas es variada. La tabla II indica los cursos totales de cada universidad en OCW, a excepción de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ofrece cifras aproximadas. La mayoría de los encuestados han detallado la disciplina y el número de cursos; en los casos donde no se ha facilitado el total, no se ha incorporado al informe debido a la dificultad de recopilarlos.


Como se puede constatar, existe un grupo de universidades muy activas (más de 90 cursos) y, a partir de aquí, se observa una gradación descendente hasta llegar a universidades con una decena de cursos, que es la cantidad mínima para ser incluidas en el proyecto.


Las revistas de acceso abierto van desde aquéllas que ofrecen sus contenidos de forma gratuita para el lector pero cuyos derechos de explotación son del editor y restringen cualquier reutilización de la obra, hasta aquéllas en que el acceso es gratuito y los derechos de explotación permiten al autor o al lector la reutilización de los artículos y usar sus contenidos para otros fines (sacar copia, distribución, obra derivada, comunicación pública) en los términos que indique la licencia de uso.


Las primeras revistas científicas digitales de libre acceso aparecieron a principios de 1990, antes de la invención de la World Wide Web. Desde entonces, el número de revistas en acceso abierto no ha dejado de crecer, aproximándose en la actualidad a los 7.300 títulos (según DOAJ) y 6.800 (según Ulrich’s), lo cual viene a representar un 13% del total de revistas académicas con peer-review que se publican (unas 55.000, según Ulrich’s). Varios autores han señalado que las revistas científicas editadas por las universidades suponen alrededor de una cuarta parte del total de revistas científicas publicadas en España (Abadal y Rius, 2008; Osca y otros, 2008, González y otros, 2010), lo que significa que tienen un peso notable como editores científicos. La tabla III contiene la relación de universidades que publican un mínimo de cinco revistas. El número de títulos se ofrece en base a dos fuentes: el directorio Dulcinea y las respuestas a los cuestionarios. Según la base de datos Dulcinea existe un total de 515 revistas editadas por universidades, pudiéndose acceder a 496 de ellas de forma gratuita. 


La discrepancia entre los datos extraídos del directorio Dulcinea y los facilitados en el cuestionario puede deberse a la falta de sistematización de las universidades en la identificación adecuada de sus publicaciones. El ranking de las instituciones con mayor número de publicaciones en acceso abierto está liderado por la Universidad Complutense de Madrid por la Universidad de Murcia y la Universitat de Barcelona. Las cifras globales indican que 37 universidades disponen de alguna revista en acceso abierto (la mitad del total de centros). Los portales de revistas tienen un papel importante como difusores de estas publicaciones. Se pueden encontrar portales que se centran en una sola universidad (UCM, UB, UAB, etc.) y otros más amplios (Dialnet, RACO, RECYT, eRevistas, etc.).


En este apartado se hace referencia a la creación de unidades, u oficinas (normalmente incluidas en servicios de mayor dimensión) dedicadas a difundir y asesorar en cuestiones referentes al acceso abierto y sobre los aspectos legales relacionados con la publicación y depósito de artículos de investigación. De las 41 universidades que han respondido el cuestionario solo 19 (46,3%) han afirmado disponer de una oficina o departamento específico para la difusión y asesoramiento sobre el acceso abierto dirigido al profesorado, si bien la tendencia general es utilizar la biblioteca como sección encargada de difundir, formar y ayudar en las tareas de publicación en acceso abierto. 


Las respuestas obtenidas apuntan a las siguientes opciones:


a) Creación de una oficina específica: es el caso de la Universitat de Barcelona, que dispone de la “Oficina de Difusió del Coneixement”, la Universidad de Salamanca, con la “Oficina de Conocimiento Abierto”, o de la Universidad de Burgos, que tiene la previsión de crear una Oficina de Conocimiento Abierto.


b) Vinculación a un servicio ya existente: el resto de universidades han optado por incluir estos servicios de asesoramiento en las Unidades de Apoyo a la Docencia o en la Biblioteca-CRAI. Así, por ejemplo, en la Universidad de Extremadura, la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación, que depende de la biblioteca, ofrece estos servicios; en la Universidad Internacional de Andalucía están ubicados en el Área de Innovación Docente y Digital; en el caso de la Universidad de Cantabria, tanto la biblioteca como el Vicerrectorado de Calidad dan orientación al respecto.


Las campañas institucionales de difusión constituyen también un elemento importante de una política de acceso abierto. Los canales para la difusión de los distintos mensajes también pueden ser diversos: charlas, material impreso, portales web, objetos promocionales, etc. Las universidades acostumbran a realizar campañas de difusión cuando han realizado alguna acción relevante en otro ámbito, como puede ser la puesta en marcha del repositorio o la aprobación de alguna reglamentación respecto del acceso abierto.


La tabla IV resume, el número de las acciones de difusión llevadas a cabo por las universidades que han contestado el apartado de acciones de difusión en el cuestionario (25 de las 41 respuestas). Como puede observarse, los tres medios más citados son las charlas, la edición de material impreso (trípticos) y las jornadas. A partir de aquí, se puede encontrar una notable dispersión en la tipología de acciones: formación de usuarios, prensa, blogs, vídeos explicativos, comunicados de autoridades académicas, etc. 


Los incentivos económicos utilizados por las universidades españolas para incrementar el depósito y la publicación son de dos tipos: ayudas a los autores para archivar contenidos en repositorios y también para publicar en revistas de acceso abierto. 


A partir de las encuestas tenemos constancia tan solo de once centros de los 41 (un 27 %) que han desplegado alguna actuación en este apartado. Siete universidades incentivan económicamente el archivo en repositorios: Alicante, Burgos, Girona, Jaume I, Internacional de Andalucía, Politécnica de Valencia, y Valencia, y otras cuatro dan ayudas a la publicación en revistas: Barcelona, Cantabria, Illes Balears y País Vasco.


En lo que se refiere a los incentivos para archivar en repositorios destaca especialmente la Universidad de Alicante, que dispone del mayor y más variado catálogo de ayudas: diversas convocatorias para incluir documentos en el repositorio3 y también en los cursos de OCW4. En la Universitat Politècnica de València las ayudas económicas provienen del Plan Docencia en Red, incluido en el Plan Estratégico de la UPV, que ofrece incentivos económicos a los profesores desde el año 2007 para la producción de contenidos que son compartidos en el repositorio RiuNet y en el portal OCW. La Universidad de Burgos tiene la particularidad de dirigirse a los estudiantes y no sólo al profesorado como en los dos ejemplos anteriores. Esta universidad dispone de unas “Ayudas para el Programa de proyectos de fin de carrera, practicum, y prácticas universitarias en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo” que establecen como obligación para los candidatos seleccionados la inclusión de sus trabajos en el repositorio institucional. 


En lo que se refiere al apoyo a los autores para la publicación en revistas, se puede destacar el caso de la Universitat de Barcelona, que dispone de una convocatoria para subvencionar la publicación de artículos en revistas de acceso abierto que exigen pago a los autores. Esta iniciativa parte del compromiso adquirido al adherirse al Compact for Open Access Equito (http://www.oacompact.org/signatories/).


La Declaración de Berlín es una de las más emblemáticas en favor del acceso abierto. Las instituciones internacionales que la han firmado la suman un total de 302, de las cuales 22 son universidades españolas. La primera en firmar fue la Universitat Jaume I en el 2005 y 2006 fue el año que registró mayor número de adhesiones. Podemos añadir, con los datos del cuestionario, que tres universidades están considerando su adhesión (Politécnica de Valencia, Cantabria y Murcia). 


Firmar la Declaración de Berlín implica poner en práctica un conjunto de medidas que permitan impulsar el acceso abierto, entre las cuales, por ejemplo, la creación de repositorios o la aprobación de mandatos. Sin entrar a fondo en el análisis, se intuye que la declaración ha sido más bien una acción de visibilidad de la universidad que no ha llevado aparejado un plan de acción concreto a favor del acceso abierto. Existen casos de universidades que ya tenían repositorios antes de firmar la declaración y de otras que han tardado mucho tiempo en disponer de él o que aún no disponen de él. Es decir, que no se puede establecer una relación causa-efecto entre las medidas implantadas a favor del acceso abierto y la firma de la Declaración de Berlín.


Las reglamentaciones o mandatos de depósito de trabajos académicos, de publicaciones de investigación o de material docente son aquellas políticas institucionales o gubernamentales que obligan a una determinada comunidad académica a facilitar el acceso abierto a su producción científica.


En el caso de las universidades españolas se ha establecido una triple tipología de mandatos:


a) Aplicado a convocatorias propias


Obligan a depositar en repositorios de acceso abierto las publicaciones derivadas de convocatorias de las universidades, que actúan como una agencia financiadora. En 2008, la Comunidad de Madrid fue pionera en requerir en sus convocatorias de proyectos de investigación que los trabajos publicados derivados de los proyectos se depositaran en los respectivos repositorios institucionales, requisito que atañe a sus universidades y también a los institutos del CSIC en la Comunidad de Madrid. Las tres universidades que han seguido esta orden son: Rey Juan Carlos, Politécnica de Madrid y Carlos III5.

b) Aplicado a tesis doctorales


Obligan a depositar en acceso abierto las tesis doctorales desarrolladas en la propia universidad. Sólo constan dos casos: la Universidad de Salamanca, donde es obligatorio incluir las tesis doctorales (así como los trabajos de Fin de Master Oficial) en el repositorio institucional, y la Universidad de Murcia donde existe la obligatoriedad de publicar las tesis en formato electrónico. En el apartado de desideratas, la Universitat de València indica que “está pendiente de que en la aprobación del nuevo reglamento de posgrado se incluya la obligatoriedad de depósito de tesis doctorales”. 


De todas formas, este panorama va a cambiar en breve ya que en el Real Decreto que regula las enseñanzas de doctorado se hace referencia a la obligación de archivar en un repositorio (España 2011b, artículo 14).


“14.5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.”


Con esta instrucción en pocos años se conseguirá que la gran mayoría de tesis españolas estén accesibles en acceso abierto.


c) Generales 


Obligan a depositar o publicar en acceso abierto todas las publicaciones del personal docente e investigador adscrito a la universidad. Durante 2009, 2010 y 2011 se han aprobado seis mandatos de acceso abierto que requieren el depósito de todas las publicaciones y no solamente de los derivados de los proyectos financiados. El primero de ellos fue el de la Universitat Politècnica de Catalunya (2009) y a continuación la Universitat Oberta de Catalunya (2010) y, ya en 2011, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Politécnica de Valencia. En 2012 (9 de enero) la Universitat de Girona ha sido la última en sumarse, y ha incrementado la cifra total a 7.


Cinco de las siete universidades con mandato son de Cataluña, y esto se explica porque las universidades catalanas, en el marco del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), aprobaron en julio de 2010 un documento de apoyo al acceso abierto en el cual se contemplan diversas medidas a poner en práctica en el período 2009-2011, y que incluye también el mandato de acceso abierto a las publicaciones científicas.

La estructura de estos mandatos incluye los siguientes apartados:

Quién tiene la obligación de depositar. En general, el PDI.


Qué tipos de documentos tienen que depositarse. En general, artículos de revista, tesis, congresos. Existen discrepancias en el caso de las monografías.


Referencia al cumplimiento de los derechos de explotación. Cuando se tienen que depositar (tiempo de dilación)


Donde se realiza el depósito. En el repositorio institucional, normalmente.


Otras universidades como la Complutense de Madrid, Huelva, Politécnica de Madrid, Burgos, Alicante, Jaume I, Vic, Miguel Hernández señalan su intención de aprobar mandatos similares a corto o medio plazo con lo cual, si una buena parte de ellos fructifican, se incrementará de forma notable el número de requerimientos.


Cabe destacar que la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (España, 2011a) recientemente aprobada, incluye un artículo dedicado al acceso abierto a la producción científica en el que se señala la obligación de depositar en repositorios de acceso abierto los resultados de investigación financiada a cargo de los presupuestos del Estado. Esta normativa supondrá, sin duda, un giro a la situación actual ya que incentivará a las universidades a emprender acciones y establecer directrices internas para cumplir con la nueva ley. 


Hasta el momento se han presentado los resultados analizando por separado cada una de las acciones que componen una política de promoción del acceso abierto. En este apartado se analizan de forma conjunta todas las acciones que ha puesto en marcha cada una de las universidades para tratar de conocer cuál es el grado de desarrollo de las políticas en cada una de ellas. Se pone de relieve que tres cuartas partes de las universidades españolas (55 de 74) han puesto en marcha alguna acción a favor del acceso abierto a la ciencia. De todas formas, el grado de implicación es, lógicamente, diversificado y desigual según cuál sea la universidad. 


Se pueden clasificar las universidades en cinco grupos en función del número de acciones que han realizado (tabla V):


1) Política completa


En este apartado se encuentran siete universidades (9,4% del total) todas ellas con un mandato global, que es el elemento determinante de una política de acceso abierto. Estas universidades cumplen las recomendaciones de la EUA (European University Association) y de la Comisión Europea. 


2) Política destacada


Se trata de un grupo de 12 universidades, el 16% del total, que han implementado entre cinco y siete acciones pero ninguna de ellas es el mandato global. Aquí destaca la Universidad de Alicante, que tiene acciones en siete ámbitos pero que no ha aprobado un mandato general. 


3) Política encaminada


Incluye a 17 universidades (23%) que han puesto en marcha tres o cuatro acciones distintas.


4) Política inicial


Agrupa otras 17 universidades (23%) que han implementado una o dos acciones y que, por tanto, se encuentran en los inicios de disponer de una política en este ámbito.


5) Sin política


En esta situación se encuentran las 21 universidades restantes (28%), que no disponen de ninguna acción para favorecer el acceso abierto a la ciencia.


Es importante recordar que tres de los indicadores (servicios asesores, acciones de difusión e incentivos económicos) de la siguiente tabla proceden directamente de las respuestas al cuestionario (cumplimentadas por el 53,2% de los centros). En los restantes indicadores, se ha partido de fuentes externas (directorios de repositorios, revistas, portales de Universia, Declaración de Berlín, etc.) y se han ido actualizando hasta principios de 2012. Esto quiere decir que algunas universidades pueden tener una cierta penalización en algunos indicadores por no haber contestado el cuestionario.