En general, se entiende y se acepta como autor de un artículo científico al que lo realiza en su integridad (autor único), o bien, al conjunto de los que han aportado contribuciones intelectuales significativas al estudio. Por otra parte, se da por supuesto también que las prácticas editoriales de las revistas científicas, digamos serias, no solo deben asegurar que el conocimiento publicado respeta las normas del método científico y ha sido evaluado por la comunidad científica, sino que también deben garantizar la propiedad de las ideas y la veracidad de la autoría de los contenidos finalmente publicados. En este trabajo nos vamos a referir precisamente a este último aspecto, pues si bien las buenas prácticas editoriales “supuestamente” deben eliminar parte de la ambigüedad sobre las autorías múltiples y sus atribuciones, dejan sin resolver la cuestión central: la naturaleza y cantidad de las contribuciones que son necesarias para calificar o alcanzar la condición de autor de un artículo científico.


La evidencia irrefutable de que esto es así la encontramos en la necesidad que desde hace tiempo se viene planteando sobre la regulación del crédito en la autoría. Esta necesidad se ha puesto de manifiesto en numerosos estudios (Council of Science Editors, 2000; Martinson y otros, 2005), y se acentúa ante los problemas que genera el cada vez más creciente número de autores por trabajo ligado a las también crecientes exigencias curriculares a las que están sometidos los investigadores. Cuando las publicaciones científicas se convierten en una medida de rendimiento-productividad y en un instrumento que otorga prestigio y recompensa, o cuando los artículos publicados en revistas prestigiosas (léase de impacto) se utilizan como elemento central en la evaluación de un investigador, cabe preguntarse si el incremento en la autoría, la hiperautoría según Cronin (2001), aun siendo una consecuencia lógica de la compleja dinámica del trabajo científico y su desarrollo colectivo (Wuchty y otros, 2007), no es también el resultado del uso y abuso de la autoría científica y de la consiguiente distorsión de su definición y concepto (Flanagin y otros, 1998; Goodman, 1994; Matías y García, 2009). 


Por otra parte están las implicaciones derivadas del uso de indicadores de producción en los estudios sobre colaboración científica, donde el número de autores por trabajo y las posiciones que se ocupen en la cadena de autoría condicionan los resultados obtenidos en función del tipo de recuento que se utilice. Maltrás (2003) identifica hasta cinco tipos de recuentos, que pueden admitir incluso múltiples variantes: aquel en el que a todos los autores del trabajo se les atribuye la autoría completa; la asignación exclusiva del crédito al primer autor; la asignación fraccionada por igual para cada autor; mas al primero que al resto ponderando el peso en función de la posición; y por último, fracción decreciente por orden de firma.


En definitiva un asunto que plantea serios problemas, de un lado los vinculados al terreno de la ética científica y de otro los relacionados con los análisis bibliométricos. Sobre estos problemas las asociaciones científicas y profesionales, especialmente las dedicadas a la edición científica, deberían haber actuado proporcionando normas y estándares que regulen las prácticas de la autoría científica a fin de promover buenas conductas en los distintos ámbitos de conocimiento.


Sabemos que esta regulación está muy extendida en el ámbito de las ciencias biomédicas. Su referente internacional más representativo, el International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE, 2013), en las conocidas «Normas Vancouver» establece con claridad los requisitos para otorgar la autoría señalando que el crédito debe basarse en haber realizado contribuciones sustanciales a: 1) la concepción y diseño del estudio; 2) la adquisición de los datos, o su interpretación o análisis; 3) la redacción del artículo o la revisión crítica de su contenido con aportación intelectual relevante y 4) la aprobación final de la versión que será publicada. Para figurar como autor se deben cumplir todas esas condiciones, mientras que la adquisición de financiación, la recopilación de datos o la mera supervisión general del grupo de trabajo, por si solas, no justifican la autoría. De otra parte, son igualmente esclarecedoras las sentencias que establecen las Vancouver en relación con las responsabilidades contraídas al firmar un trabajo, señalando en este sentido que cada autor tiene que haber participado suficientemente en el estudio para poder responder públicamente de las partes sustanciales de su contenido.


Ante estas exigencias, en el ámbito biomédico, por ejemplo, la mayoría de las revistas han actuado especificando, normalmente en las instrucciones a autores, las aportaciones con las que cada persona nombrada en la lista de autores debe haber contribuido al estudio (Wager, 2007; Hwang y otros, 2003). Los editores de este campo han desarrollado políticas sobre las contribuciones para asegurar que la lista de autores que figura en los artículos informa al lector sobre quien o quienes realizaron el trabajo, permite atribuirles su crédito y repercusión, e identifica a los que tienen que responder de su contenido. Y ello porque son múltiples las evidencias que apuntan a la existencia de conductas inadecuadas, abusos más o menos generalizados e incluso actuaciones fraudulentas (Kassirer, 1992; Clouthier, 2005; Lehmann y otros, 2006; Ready, 2006; Couzin y Unger, 2006; Smith, 2005).


Ahora bien, demostrada que la regulación de la autoría está razonablemente bien acreditada en las revistas científicas biomédicas (Schriger y otros, 2006; Schulman, 1995), incluidas las españolas (Ruiz-Pérez y otros, 2010a), las cuestiones que aquí nos planteamos son las siguientes: ¿Cuál es la situación en otros ámbitos científicos, concretamente en el de la ciencia y la tecnología? ¿Existen criterios reguladores internacionales que sirvan de referente? ¿Cuáles son las prácticas editoriales que presentan las revistas científicas españolas más prestigiosas de este campo?


Para conocer los criterios internacionales reguladores de la autoría en el ámbito de la ciencia y la tecnología se identificaron los Manuales, Guías de Estilo y Directrices (en adelante Manuales de Estilo) de las asociaciones que total o parcialmente cubren la edición científica en este sector, así como los de carácter multidisciplinar que pudieran afectarle (tabla I), y se realizó un análisis de su contenido. Debido a que la información sobre autoría en estos documentos puede aparecer de múltiples formas (dispersa en todo el documento o concentrada en un apartado específico o relacionado con el tema), la localización dentro de las versiones electrónicas se ejecutó mediante las herramientas disponibles en los sistemas (Word, Pdf, Html, etc.), empleando los términos de búsqueda “author” “authorship”, “contributor”, “contributorship” y “acknowledgement”. Cuando esta tarea no ofrecía resultados, se revisaron, en las versiones electrónicas e impresas, las secciones del documento que mayores posibilidades ofrecían de contener alguna información sobre la autoría científica tales como Editorial Policy, Ethical Guidelines, Preparing Manuscrip, etc. 


Para averiguar cuáles son las prácticas editoriales declaradas sobre autoría científica en las revistas españolas de ciencia y tecnología se realizó un análisis de contenido descriptivo transversal de las instrucciones a autores de una muestra conformada por las 37 revistas españolas de mayor prestigio en este ámbito, entendiendo por tales las indexadas en las bases de datos de la Web of Science con Factor de Impacto (FI) calculado en el momento de la recogida de datos, esto es, las incluidas en la versión 2011 de los Journal Citation Reports (JCR) del Science Citatión Index (tabla II). Recordamos que en estas bases de datos se encuentran las revistas más influyentes del mundo y desde luego, la bibliografía científica de mayor difusión, visibilidad e impacto internacional, lo que garantiza, en teoría, que son revistas con procesos y prácticas editoriales transparentes y muy rigurosos.


Cuando la información que intentamos localizar no se encontró en las instrucciones a autores (Author Guidelines o equivalentes), se agotaron otras posibilidades rastreando, en su caso, secciones de las revistas como “About the Journal” “Submission of Manuscripts” “Editorial Policy”, “Ethical Guidelines”, etc. La información que se ha recogido, tanto para los Manuales de Estilo como para las revistas, ha sido aquella que nos permitiera descubrir los aspectos nucleares que regulan la autoría científica y su significado: 


1) Información sobre quiénes deben firmar un trabajo y quienes no deben hacerlo en la lista de autoría, esto es, condiciones para obtener el crédito y aportaciones que se le exigen a una persona para figurar como autor; así mismo, detalles sobre las participaciones que no alcanzan el derecho de autoría pero si el de los agradecimientos. Se recogió además, en caso de que existiera, la información sobre la especificación de las contribuciones como medida de exactitud en la descripción de las tareas así como la regulación de la autoría grupal.


2) Información sobre responsabilidades derivadas, esto es, obligaciones firmadas que comprometen al autor de un trabajo científico, generalmente la de garante en todo o en parte de la integridad del estudio y de responder públicamente de su autoría y contenido. Incluimos además la responsabilidad de los autores sobre la declaración de conflictos de interés personales o financieros. 


3) Información sobre el número de autores que podrían firmar un trabajo, orden de firma e indicaciones que debe presentar la lista de autores, esto es, número máximo de autores según tipo de contribuciones; criterios sobre el orden en que serán listados los autores, condición de autor principal e indicaciones sobre la responsabilidad de correspondencia.


Para la tabulación de este conjunto de informaciones, se han establecido cuatro ítems bajo los que han quedado estructurados y testados los elementos fundamentales que definen la autoría científica: 1. Condiciones para la autoría; 2. Responsabilidades derivadas; 3. Agradecimientos y 4. Número máximo de autores, orden de firma y responsable de correspondencia. No hemos entrado en las indicaciones que pudieran advertir sobre comportamientos inadecuados como los «autores fantasma», «los autores encubiertos» o los «autores regalo»; así como las referencias a conductas como el plagio, la publicación redundante, duplicada, el salami, etc., aspectos todos ellos revisados en la literatura (Smith, 2005; Matías y García, 2009).


Resulta difícil valorar en qué medida la escasa regulación que ha descubierto nuestro estudio incide en el desconocimiento, y también en el comportamiento, que los investigadores tienen ante los criterios que rigen la firma de un trabajo científico. Debemos ser conscientes, sin embargo, de que aun existiendo directrices y recomendaciones acreditadas, la decisión final de cumplirlas depende de la persona y de su ética intachable. Solo en tal caso se podría afirmar, sin pretensiones moralizantes, que el autor está en su derecho de reclamar meritos por su contribución al avance del conocimiento y el crédito para ser referenciado en otros trabajos, porque solo en tal caso también, el autor podrá hacer frente a las que aquí hemos denominado responsabilidades derivadas pudiendo responder públicamente sobre el diseño del estudio, la observación e interpretación de los hallazgos y la redacción final del artículo. 


Ahora bien, el incontrolable código ético personal de los investigadores no debe ser el argumento para que las asociaciones de edición científica y las propias revistas dejen de asumir su responsabilidad y actúen de forma expeditiva. En este sentido, nuestro estudio pone de manifiesto la laxitud normativa de revistas y asociaciones, laxitud que, en buena lógica, no debe contribuir precisamente a mejorar el código ético al que acabamos de referirnos. Los datos son alarmantes en cuanto a las revistas, pues un 92% no especifican con claridad los ítem analizados, siendo la Revista Iberoamericana de Micología, la revista DYNA y la International Microbiology las únicas que obtienen resultados satisfactorios. Por su parte, en los Manuales de Estilo solo el 50% alcanza a recoger declaraciones genéricas sobre los elementos observados, pudiéndose afirmar que entre los del ámbito de la ciencia y la tecnología, el de la American Chemical Society es el más completo, mientras que entre los de carácter multidisciplinar destacan el del Council of Science Editors (CSE) y los criterios del Committee on Publication Ethics (COPE).


Esta laxitud de las revistas en los criterios sobre autoría científica no es exclusiva de las áreas de ciencia y tecnología. En las Biomédicas, referente internacional por excelencia, aunque los datos son infinitamente mejores y donde si existe un Manual de Estilo con criterios mucho más consensuados y acreditados (las ya citadas normas “Vancouver” del ICMJE), también se han descubierto importantes lagunas. Wager (2007) examinó las instrucciones a autores de una muestra de 234 revistas biomédicas asociadas a la World Association of Medical Editors e indizadas en Medline, y descubrió que el 41% no ofrecían información sobre autoría y sólo el 29% se basaban en los criterios establecidos por el ICMJE en las “normas Vancouver”. Según Schriger y otros (2006), estas normas, pese al consenso que suscitan, no consiguen unificar la disparidad de criterios existentes sobre la autoría entre las revistas biomédicas. Para España, el estudio de Pulido (2009) confirma que un 62% de los investigadores encuestados no conocían los criterios de autoría del ICMJE, y entre los que teóricamente los conocían un 38% no acertó en la descripción de ningún criterio. Por su parte, nuestro anterior estudio sobre las revistas españolas de biomedicina y ciencias de la salud (Ruiz-Pérez y otros, 2010b) contabilizó que sólo el 39% de las revistas analizadas proporcionaba algún criterio sobre las condiciones para la autoría, reduciéndose al 26% aquellas que establecen criterios claros y definitorios.


Sin embargo, como señala Pulido (2009), no sería incluso suficiente con que las revistas, como último filtro de control, dispongan de unas instrucciones claras y exigentes, sino que debieran rediseñar la forma de publicitarlas y establecer acciones para educar a los investigadores. A todo ello añadimos nosotros la necesidad de acuerdos entre los grandes editores para elaborar documentos internos, además de los ya existentes, que en forma de protocolos firmados, cubran todos los principios éticos de investigación y publicación (Delgado y otros, 2007) y contribuyan a disuadir la autoría insuficiente o injustificada. Pero de nuevo surgen las dudas, porque la autoría es fuente de poder y este poder encuentra una de sus mejores expresiones en la autoría regalada. Un estudio reciente sostiene que la autoría regalo se utiliza sin prejuicios y se justifica como una forma de mantener las relaciones, como una recompensa o pago de favor, como un medio para aumentar la credibilidad de un trabajo o una forma de demostrar la colaboración científica entre personas, grupos e instituciones, si bien se aprecian creencias, valores y comportamientos que difieren notablemente entre las disciplinas (Street y otros, 2010).


Y por último, nos vamos a referir al número de autores por trabajo y al orden de firma, cuestión que en los Manuales de Estilo, como es lógico, se traslada a un acuerdo entre los coautores, pero que en las revistas españolas de ciencia y tecnología, como hemos visto, ni se menciona, si bien deberían, al menos, advertirlo dentro de un margen de flexibilidad y teniendo en cuenta las prácticas de publicación y colaboración científica en las distintas disciplinas. Se trata de un tema de calado y actualidad por sus conexiones con los análisis bibliométricos y la evaluación de la actividad científica, factores digamos de carácter “externo” que también condicionan el comportamiento ético de los investigadores. 


Y ello porque con el polémico trabajo “Publish or Perish” de Clapham (2005) se puso de manifiesto que la presión por publicar es un factor que está influyendo en el incremento del número medio de autores por trabajo, y que el orden de firma puede alcanzar relevancia (Drenth, 1996; Matias-Guiu y García-Ramos, 2010). Por su parte, Shapiro y otros (1994) demostraron que en los trabajos con muchos autores las posiciones en el orden de firma varían en función de la importancia de las contribuciones aportadas. Hwang y otros (2003) observaron en la revista Radiology que no todos los autores listados cumplían los criterios de autoría, y que su grado de cumplimiento estaba muy relacionado con la posición ocupada en la lista. Wager (2007) encontró muestras de revistas biomédicas que proporcionan guías para relacionar el orden de firma y la importancia de las contribuciones siguiendo los criterios de la American Medical Association: “El primer autor será el que haya hecho la contribución más importante, seguido del resto en orden decreciente según sus niveles de contribución” “algunos grupos eligen listar al autor sénior al final, independientemente de su contribución” (AMA, 2007).


Se trata pues de un tema de conflicto, sobre todo si se intenta traducir la autoría de los trabajos en mérito científico, mucho más cuando, como en España, este mérito científico conduce a obtener o no reconocimiento en forma de tramos de investigación de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), o acreditaciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Los criterios de evaluación de estas agencias establecen penalizaciones puntuables en las publicaciones presentadas atendiendo al número de autores del trabajo y a la posición que el solicitante ocupe, si bien se aplican con distinta medida en función de las áreas de conocimiento (Ruiz-Pérez y otros, 2010). 


En este sentido, recogeremos aquí algunas conclusiones de un reciente trabajo (Yegros-Yegros y otros, 2011) donde se señala que los conflictos de la coautoría científica en el marco de la evaluación posiblemente se plantean de forma errónea, porque ni el crédito ni la responsabilidad derivados del hallazgo de una certeza son fraccionables o susceptibles de contabilidad. La responsabilidad y la verdad son absolutas, por eso hay que definir la autoría de los trabajos científicos en términos estrictamente individuales (Biagioli, 1998). A pesar de las pruebas sobre malas prácticas de autoría y a pesar de la necesidad de su regulación, los estudios deben ser ahora más ambiciosos, pues la complejidad de las relaciones entre autoría, responsabilidad y crédito radica, según Yegros-Yegros, en las tensiones entre la economía de la ciencia y la economía de mercado. Por otra parte, a medida que los indicadores bibliométricos se utilizan cada vez más por los expertos evaluadores, se hace necesario contar con valores procedentes de adecuados conjuntos de referencia. La valoración de un historial científico personal con presencia de importantes colaboraciones, habría que orientarlo, no tanto al recuento fraccionado o a la posición ocupada en los artículos, sino a las evidencias obtenidas de datos sobre el número habitual de autores en los trabajos de la misma especialidad, en el mismo entorno y en el mismo periodo de tiempo.