Si bien en la legislación española anterior a 1972 el patrimonio bibliográfico era visto exclusivamente como un conjunto de piezas sueltas con interés histórico, bibliográfico o artístico, a partir de la Ley 26/1972 para la defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación empezarán a aparecer en ella las colecciones y las propias bibliotecas de titularidad pública. Por tanto, en la actualidad, más allá del valor que afecta a documentos aislados derivado de su interés artístico, técnico, científico, etc., se contempla el valor relacionado con su carácter informativo que viene dado no solamente por su contenido, sino también por su relación con otras piezas patrimoniales o con la información que lo contextualiza (exlibris, marcas de lectura, encuadernaciones, etc., pero también mobiliario de época, antiguos sistemas de ordenación de los fondos, etc.). Este doble valor ha sido recogido asimismo en la LPHE, que en su Preámbulo incluye las bibliotecas de titularidad estatal, una titularidad que afecta a los bienes patrimoniales existentes en las Universidades públicas, como claramente señala el Art. 80 de la Ley 6/2001 de Universidades. 


La legislación emanada de las Comunidades autónomas no otorga en todos los casos la misma protección a bibliotecas y colecciones. Algunas (Baleares, Cataluña, Navarra y Valencia) incluyen entre los bienes patrimoniales las bibliotecas y colecciones de titularidad pública, aunque Valencia incluye también otros fondos que formen parte del Catálogo de Patrimonio Bibliográfico y Audiovisual valenciano. Otras (Andalucía, Euskadi, Extremadura y Galicia) no hacen referencia explícita a las bibliotecas, señalando obras y colecciones bibliográficas y hemerográficas, y las restantes Comunidades o bien no contemplan bibliotecas y/o colecciones (Aragón, Asturias,…) o se adhieren al texto de la legislación estatal (Canarias, Madrid, Murcia).


La protección dada a las bibliotecas en la legislación estatal y en la de las Comunidades que las contemplan explícitamente, con excepción de Cataluña, incluye los edificios que las albergan, y también los bienes muebles que contienen, incluyendo por tanto los bibliográficos y los que no poseen este carácter (monedas, medallas, cuadros, etc.). La LPHE, Art. 60.1 protege a este conjunto de bienes como Bienes de Interés Cultural. Las restricciones al préstamo público de obras que pudiesen derivarse de una interpretación restrictiva de la LPHE, son obviadas por ella misma en el Art. 63.3 al señalar que su custodia se realizará “sin perjuicio de lo que se establezca sobre servicios de préstamos públicos”. Y efectivamente el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas establece dichos préstamos, con las excepciones contempladas en el artículo 18 por razones de seguridad y conservación.


Aunque la LPHE define las bibliotecas, no lo hace con las colecciones, frente a lo que ocurría en la Ley 26/1972 para la Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico que hacía referencia a las colecciones bibliográficas señalando que tanto obras individuales como colecciones que no alcanzasen la antigüedad de 100 años entraban dentro del patrimonio bibliográfico siempre que “…hayan sido producidas o coleccionadas por personas o Entidades distinguidas en cualquier esfera de actividad y que puedan contribuir en el futuro al estudio de su personalidad o del campo de su actuación”. A pesar de que no hay una definición clara de qué se entendía por colección, no cabe duda que la ley de 1972 dejaba más nítidamente establecido que la LPHE su ámbito de aplicación, y éste era más amplio. 


En la LPHE, al indicar que tales colecciones también han de ser de titularidad pública, el término parece usarse en oposición a bibliotecas, y por tanto podríamos estar hablando de un conjunto de bienes bibliográficos cuyo tratamiento no fuese el biblioteconómico, tal y como recoge la Ley 4/1993 del Sistema bibliotecario de Cataluña, aunque ésta no exige la titularidad pública y sí que los fondos tengan un especial interés. Ciertamente el término “colecciones” es tan genérico que resulta confuso, más aún cuando tanto en el ámbito de las bibliotecas como de los museos la palabra sirve para referirse a sus fondos. 


El hecho de que la LPHE solo haga referencia a las colecciones de titularidad pública, pone en peligro de dispersión otras colecciones de interés patrimonial en manos privadas, de tal modo que mientras que las piezas individuales de titularidad privada con determinadas características, que explicitaremos más adelante, son protegidas por esta Ley, los conjuntos de fondos reunidos por entidades privadas o por particulares, cuyos elementos consubstanciales a su carácter patrimonial son la coherencia y/o interés derivados de su procedencia, productor, temática, etc. no resultan protegidos. Se olvida así de salvaguardar las obras en su contexto, un contexto sí reconocido por la LPHE, art. 27 cuando los bienes muebles forman parte de bienes inmuebles declarados de interés cultural y su declaración los reconozca como parte esencial de su historia.


La legislación de las Comunidades autónomas es también variable en el tratamiento de las colecciones patrimoniales. La Ley 12/1998 de Baleares en el art. 75.3 requiere que tales colecciones sean de titularidad pública, añadiendo “los fondos bibliográficos que, por su singularidad, unidad temática o relevancia se establezcan por reglamento o por su regulación”, lo que abre la puerta a una interpretación protectora de las colecciones de titularidad privada. La legislación de patrimonio de Navarra en el art. 52.1 contempla la protección de las colecciones patrimoniales declaradas de Interés Cultural o Inventariadas, definiéndolas como “conjunto de bienes muebles agrupados de forma miscelánea o monográfica, previo proceso intencional de provisión o acumulación”, de modo similar a como lo hace la Ley gallega en el art. 8.2. Valencia requiere autorización para disgregar las colecciones de bienes muebles. Baleares, Murcia, y Extremadura no definen en su legislación que entienden por colección, al igual que hemos visto qué ocurría en la LPHE.


Además de bibliotecas y colecciones de titularidad pública, la LPHE considera que forman parte del patrimonio bibliográfico las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa, cualquiera que sea su titularidad, y que cumplan determinadas condiciones, lo que se repite en la legislación de las Comunidades, aunque no siempre las condiciones son coincidentes. Pero además en el Preámbulo de la LPHE se indica que para la protección de los bienes no existen limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico, lo que reitera en el art. 50.1.


Considerando el conjunto de la legislación que afecta al patrimonio bibliográfico, las condiciones que han de cumplir las obras para ser consideradas patrimoniales tienen que ver fundamentalmente con el número de ejemplares conservados conocidos, la antigüedad y la singularidad, y con la titularidad de los ejemplares que es criterio que a veces se requiere conjuntamente con alguno de los anteriores.


De este conjunto de criterios se exceptúa la normativa contenida en la Ley 11/2007 de Bibliotecas de Euskadi, cuya Disposición final primera señala condiciones distintas que deben cumplir las obras que forman parte del patrimonio bibliográfico vasco: editadas o producidas en Euskadi o en los territorios del euskera, relacionadas con la lengua o la cultura vasca, en especial las obras creadas por autores vascos y las obras creadas en euskera, y las obras bibliográficas que se hallen en Euskadi y tengan valores históricos y culturales relevantes.


Además de bibliotecas, colecciones, y obras con determinadas condiciones, un tercer grupo de bienes está constituido por los ejemplares producto de ediciones de películas cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales y otros similares, cualquiera que sea su soporte material, también en este caso delimitados por el número de ejemplares en servicios públicos. Se trata de bienes que la LPHE no denomina bibliográficos, pero a los que se les aplica el régimen correspondiente al patrimonio bibliográfico. 


Entre las ausencias de fondos patrimoniales en la LPHE está el patrimonio digital, cuyo reconocimiento internacional se sitúa a mediados de los años 90 (proyecto australiano Pandora) y por tanto bastantes años después de la redacción de esta Ley, y se intensifica en la década siguiente con resoluciones como la 2002/C 162/02 del Consejo de Europa (2002) o la Carta para la Preservación del Patrimonio digital (UNESCO, 2003), que fue aprobada por este organismo junto con unas Directrices para la Preservación del Patrimonio digital (National Library of Australia, 2003). En el primero reconoce la UNESCO el carácter de herencia cultural a los recursos digitales, mientras que las Directrices entienden por “preservación” la conservación de información o cualquiera otro tipo de patrimonio existente en forma digital, relacionando 11 tipos de objetos digitales, donde se enumeran recursos de origen digital y recursos convertidos a este formato a partir de material analógico. En España la Ley 23/2011 de Depósito Legal reconoce los objetos digitales como patrimonio digital.


Todas las Comunidades Autónomas indican en su legislación que las obras patrimoniales pueden estar en cualquier tipo de soporte, lo que permite ampliar su cobertura al conjunto del patrimonio digital, aunque solamente la Ley 4/1998 del Patrimonio cultural valenciano, art. 77b hace referencia explícita a “en formato analógico o digital y en soporte físico o electrónico”. En Galicia la Ley 5/2012 de Bibliotecas atribuye a la Biblioteca de Galicia la función de crear y mantener un repositorio del patrimonio digital gallego. 


Una segunda ausencia reseñable en la LPHE es el carácter patrimonial de los fondos ingresados por Depósito Legal, al que ya en 1981 Jean Lunn le atribuía como primer objetivo la constitución de una colección destinada a conservar, transmitir y desarrollar la cultura nacional (Vitiello, 2000). Es posible que la causa de esta ausencia deba buscarse en la protección global a las bibliotecas, pero dada la importancia del Depósito Legal para la formación de las colecciones patrimoniales consideramos que no sobraría una referencia al mismo. El carácter patrimonial de los fondos ingresados por Depósito Legal será reconocido por la Ley 10/2007 de la Lectura, el libro y las bibliotecas y de forma más clara por la Ley 23/2011 de Depósito Legal que reconoce en el Art. 2.1 que el primer objetivo de este es “Recopilar, almacenar y conservar, en los centros de conservación de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, las publicaciones que constituyen el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital español, …”. 


Un buen número de Comunidades (Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, La Rioja) reconoce el valor patrimonial de los fondos procedentes del Depósito Legal, figure este reconocimiento en la Ley de Patrimonio o en la de Bibliotecas, si bien no se contempla en legislación relativamente reciente como es la de Murcia y Navarra, que también protegen las bibliotecas en su conjunto. Más preocupante es la falta de protección legal en que están estas colecciones en Extremadura, Galicia y Valencia que no protegen el conjunto de las colecciones de las bibliotecas. 


Hay que destacar las modificaciones introducidas por la Ley 16/2003 de Sistema andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación que dispone la creación de un Depósito Bibliográfico Patrimonial Andaluz, prácticamente con iguales obligaciones al Depósito Legal al que no sustituye, y cuyos centros receptores son la Biblioteca de Andalucía y las bibliotecas públicas provinciales. También la Ley 11/2007 de Bibliotecas de Euskadi en su Título VI establece el Depósito Bibliográfico de Euskadi.


Como hecho muy importante, por su relación con las prácticas que nos encontraremos en las bibliotecas públicas, hemos de señalar que la Ley 19/2006 del Sistema bibliotecario de las Islas Baleares afirma el carácter patrimonial de las colecciones locales existentes en las bibliotecas municipales, que quedan excluidas de expurgo. 


Aunque la política de expurgo se incluye raras veces en las sedes web de las bibliotecas públicas, sí tenemos documentos significativos respecto a los criterios de aplicación de esta práctica en forma de recomendaciones. Así las Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas (2002) elaboradas por un grupo de trabajo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de las Comunidades Autónomas y de La Federación Española de Municipios y Provincias, señalan: “La biblioteca pública conservará durante tiempo indefinido los materiales de su sección de colección local, pero se limitará a conservar el resto de los fondos durante el periodo de tiempo en el que los materiales respondan a criterios de calidad y actualidad propios de la lectura pública y a los objetivos de la biblioteca.” Por su parte, el Grupo de Trabajo Selección Cooperativa del Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas en sus Pautas para establecer una política de colecciones en una Biblioteca pública (2010) señala que se excluirá del expurgo “el fondo local y el antiguo patrimonial”. 


Un documento más específico y reciente es la Guía para el expurgo de ejemplares (2013) de la Red de Lectura Pública de Euskadi, en el que se excluyen de esta práctica los siguientes tipos de fondos y en este orden: fondo de historia local y recursos autóctonos, fondos de reserva, obras literarias, de cine y música consideradas “clásicos”, partes de una colección que se tenga completa, ejemplares considerados imprescindibles en su especialidad, y obras concernientes a colectividades relevantes para la comunidad, como minorías étnicas. De nuevo el fondo local ocupa un papel importante en la exclusión de expurgo. Resulta también interesante que se señalen en esta Guía determinados tipos de obras que no nos habíamos encontrado hasta el momento, tales como “clásicos” y “ejemplares imprescindibles en su especialidad”, que entrarían dentro del criterio patrimonial denominado inspiración creativa (Prats, 1997).


Si estas recomendaciones se aplican en las bibliotecas del sector, no cabe duda de que el fondo local es tratado por ellas como un fondo patrimonial. Acudiremos ahora a las restantes prácticas señaladas para confirmar hasta qué punto se puede considerar que esta colección es percibida como patrimonial por las bibliotecas.


La mayoría de las bibliotecas públicas hacen referencia en sus sedes web al fondo antiguo y/o al fondo local, aunque solo ocho (15,4%) les dedican páginas específicas. Treinta y seis bibliotecas (69,2%) hacen mención de estos fondos en las normas de préstamo, normas de consulta, colecciones, digitalización de fondos e historia de la biblioteca; siete bibliotecas (13,5%) no hacen ninguna mención a fondos patrimoniales y una (1,9%) carece de sede web.


Los datos obtenidos sobre el criterio de exclusión de préstamo se muestran en la figura 1, excluyendo las ocho bibliotecas sin referencias al patrimonio bibliográfico en sus sedes web, o sin sede. Esta última junto al menos otras tres del primer grupo, sí poseen fondos patrimoniales, ya que algunos de ellos aparecen digitalizados en la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico o en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.


De las cuarenta y cuatro bibliotecas analizadas, treinta y una hacen referencia a sus colecciones locales y dentro de ellas la exclusión de préstamo en la mayoría afecta a todos sus fondos locales o al menos a un ejemplar de cada título de las mismas, y doce hacen referencia a su existencia sin especificar ninguna restricción en el servicio. Así pues, el Depósito Legal, recibido por gran número de las bibliotecas analizadas, es percibido como un fondo patrimonial por un alto número de ellas, si nos basamos en el criterio de la exclusión de préstamo. Pero además hay que destacar que esta patrimonialización no se limita a las colecciones depositadas como consecuencia de la aplicación del Depósito Legal, ya que solo cuatro restringen la exclusión a los fondos de esta procedencia, sino que acostumbra a ampliarse a otros fondos de temática o autor local sea cual sea la escasez, antigüedad, etc. de ellos, mostrando así una apuesta clara de las bibliotecas públicas por una de las funciones más genuinas del patrimonio, la construcción de la identidad de la comunidad. Los resultados obtenidos no difieren en lo sustancial de las políticas patrimoniales encontradas en las bibliotecas públicas de Québec, que relacionaban con sus fondos locales en 2006 un 89% de sus fondos patrimoniales (Bogui, 2008). 


Otro aspecto que debe resaltarse es qué se entiende por fondo local, que en primera instancia se enraíza en el territorio, la memoria y la identidad, y con frecuencia se construye sobre el deseo de exhaustividad (Hauchecorne, 1982). Sin embargo, no existe unanimidad en la delimitación del territorio, como observamos en algunas páginas web de las bibliotecas públicas que dejan ver claramente que expanden el concepto al fondo del conjunto de su Comunidad Autónoma, una práctica que realizan el 19,3% de ellas, a las que hay que sumar aquellas bibliotecas que asumen funciones de biblioteca regional. Este hecho indica un fuerte compromiso con su Comunidad Autónoma, primando la comunidad regional sobre la estrictamente local. Este fenómeno no es desconocido en otros países con procesos de descentralización donde las bibliotecas adoptan criterios semejantes, como ocurre en Francia (“fonds locaux et régionaux”), Reino Unido, etc. 


La exclusión de préstamo del fondo antiguo es indicada explícitamente por veinticinco de las bibliotecas analizadas, posiblemente las restantes lo han considerado obvio. Cosa distinta es el período cronológico que se señala para la inclusión de una obra dentro del fondo antiguo. La mayoría de las bibliotecas no especifican este dato, pero entre las siete que sí lo hacen encontramos: una biblioteca excluye de préstamo las obras anteriores a 1901; una lo hace con las obras anteriores a 1930; tres bibliotecas señalan las obras anteriores a 1958, fecha de regularización del Depósito Legal indicada por la LPHE como punto de partida para que se presuma que existen en bibliotecas o servicios públicos tres o más ejemplares de una obra; dos bibliotecas se inclinan por el año 1960. Tampoco en este caso las prácticas coinciden con lo indicado por la bibliografía material y minoritariamente con las normas catalográficas. 


Además del fondo antiguo y el fondo local, entre las obras excluidas de préstamo se añaden en las sedes web de seis bibliotecas públicas los legados y en cuatro otras publicaciones con elementos singulares, como notas autógrafas, facsímiles, grabados, obras de bibliófilo, o ejemplares que se valoran dignos de protección. En algunos casos, se incluye el criterio del personal de la propia biblioteca señalando “ejemplares considerados por la Biblioteca como merecedores de especial protección”.


Las bibliotecas públicas que señalan lugares especiales o establecen limitaciones de consulta de determinados fondos a un grupo de usuarios, generalmente los investigadores, son catorce (31,8%) de las cuarenta y cuatro bibliotecas analizadas. Ocho bibliotecas señalan lugares de consulta específicos, a veces denominados sala de investigadores o sala de investigadores y fondo local, otras sala de colección local, para consultar tanto el fondo antiguo como el fondo local y otros fondos patrimoniales. En menor medida se requiere que los usuarios sean investigadores, lo que solo exigen seis bibliotecas a la que sumamos una que exige autorización; únicamente una biblioteca exige que el usuario sea investigador y requiere a la vez su acceso en una sala de consulta especial. Solamente en dos casos esta variable aparece en bibliotecas que no hacen ninguna indicación respecto a la exclusión de préstamo de estas obras. 


Sin embargo como puede verse en la figura 2 cuando se aplica la restricción a investigadores se hace con mayor frecuencia sobre el fondo antiguo, mientras que los lugares de consulta específicos se señalan en un mayor número de bibliotecas para el fondo local. La declaración de restricción a los investigadores es minoritaria, compartiendo así las bibliotecas lo indicado por las distintas leyes que señalan el derecho de acceso del conjunto de la ciudadanía al patrimonio.


Las bibliotecas públicas que indican en su sede web tener algunos fondos digitalizados son trece (29,5% de las cuarenta y cuatro bibliotecas analizadas), señalando que se trata de prensa histórica, manuscritos, impresos antiguos o carteles, y con frecuencia proporcionan enlaces o información de la biblioteca digital donde se puede acceder a los mismos. Solamente una biblioteca que no indica exclusión de préstamo ni de lugar o tipo de usuarios presenta esta variable. Pese a estos resultados obtenidos de las sedes web de las bibliotecas públicas del Estado, una revisión de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico arroja datos para dieciocho bibliotecas públicas (34,61% del total de las existentes) que tienen fondos accesibles a través de ella, y si examinamos las publicaciones periódicas correspondientes a este mismo tipo de bibliotecas en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica el número se eleva a treinta y cuatro (65,38%). Si sumamos las distintas bibliotecas encontradas en las tres fuentes y las bibliotecas que señalan estar llevando adelante acciones de digitalización en la página Proyectos del Mapa de Bibliotecas públicas del Estado, el total de bibliotecas con fondos digitalizados son treinta y cinco (67,31%). De acuerdo a este conjunto de datos, los materiales digitalizados pueden verse en la figura 3.


Hay que señalar que las dos Bibliotecas virtuales analizadas no desagregan los datos de los documentos pertenecientes al fondo local, basándose nuestro gráfico en la página Proyectos del Mapa mencionado, aunque indudablemente hay un número considerable de fondos locales en las Bibliotecas virtuales mencionadas.


Si revisamos el ámbito patrimonial tal y como es definido por Rebiun (1999), bajo la denominación “Patrimonio bibliográfico histórico universitario”, comprende piezas con las siguientes características: manuscritos e impresos definidos como patrimonio histórico en la legislación vigente, ejemplares con características singulares (autógrafos, exlibris, dedicatorias, etc.), originales de obras literarias, científicas, etc., dibujos, grabados, mapas, piezas de música, etc. que según la legislación vigente forman parte del patrimonio histórico español, fondos de valor histórico para la propia Universidad, y cualquier ejemplar cuya conservación se considere que debe ser objeto de protección especial.


La presencia del patrimonio en las sedes de las bibliotecas universitarias es considerablemente mayor que en las bibliotecas públicas: cuarenta y seis de estas bibliotecas (93,9%) presentan información sobre sus colecciones patrimoniales, aunque la importancia dada a la misma es variable en cantidad y calidad, desde portales sobre su patrimonio y enlaces a páginas específicas en su página principal (44,9%) a simples referencias en otras páginas (49%), con frecuencia en los documentos referidos al préstamo a domicilio. Solo tres bibliotecas (6,1%) carecen de referencia alguna en su sede web a las colecciones patrimoniales, y por tanto serán excluidas de los análisis de los gráficos siguientes.


Solo once bibliotecas de Universidades públicas (23,9% de las bibliotecas analizadas), incluyen normas sobre expurgos en sus sedes web, bien sea en documentos específicos sobre este procedimiento, bien en los planes de desarrollo de las colecciones, o en diversos documentos sobre adquisiciones. En diez de estas bibliotecas se incluyen en las normas indicaciones respecto a la exclusión de determinados fondos de la práctica del expurgo, siendo los documentos señalados variables y numerosos, pero pudiendo agruparse la frecuencia de aparición de criterios como muestra la figura 4. 


Pero si consideramos la exclusión del préstamo como un síntoma de patrimonialización, excluyendo las publicaciones de consulta parcial u obras con fuerte demanda a que ya nos referimos, todas las bibliotecas universitarias analizadas incluyen indicaciones al respecto. Desde luego las bibliotecas universitarias españolas parecen estar de acuerdo en abarcar dentro del concepto de patrimonio sus fondos antiguos si los tienen. También aquí la delimitación cronológica del fondo antiguo varía, cerrándose en 1801, 1900, 1901, 1939 y 1958. Bajo esta denominación incluimos también el material cartográfico antiguo, mientras la variable “Material cartográfico” se indica en aquellas bibliotecas que no señalan ningún límite temporal a la exclusión. 


Aunque el número diferente de bibliotecas analizadas en relación a la exclusión de fondos para el expurgo y para el préstamo dificulta la comparación de ambos gráficos, como también lo hacen las expresiones utilizadas en un caso y en otro, hay bastantes correspondencias en los fondos protegidos por ambas prácticas, pudiendo relacionarse una a una o una a varias los tipos de obras protegidas, con la excepción de fondos clásicos y básicos sin correspondencia en la exclusión de préstamo y los materiales especiales sin correspondencia en la exclusión de expurgo. Los criterios manejados por las bibliotecas universitarias con mayor frecuencia son la antigüedad, el escaso número de ejemplares, el valor y singularidad de los fondos y su relación con la Universidad de la que forma parte la biblioteca (figura 5). 


Es llamativo como prácticamente no aparece entre los criterios de patrimonialización de las bibliotecas universitarias el fondo local, que solo dos bibliotecas excluyen del expurgo en el aspecto referido a su historia, y una lo excluye del préstamo si no hay duplicados, frente a lo que encontrábamos en las bibliotecas públicas. En todo caso, si analizamos las variables “tesis, TFM,…”, “legados”, “fondos editados por la Universidad”, “valor histórico para la Universidad” y “fondo local”, encontramos que cuarenta y una bibliotecas, 89,1% de las analizadas, realizan alguna práctica de este tipo en relación con las colecciones locales, término con el que son denominadas por dos bibliotecas (Biblioteca de la Universidad Autónoma de Barcelona y Biblioteca de la Universidad de Barcelona).


El análisis de las prácticas referidas a la delimitación de la consulta a determinados tipos de usuarios o a lugares específicos para la misma es difícil de realizar a través de las sedes web de estas bibliotecas por diversas razones. En primer lugar en muchas Universidades se trata de un fondo disperso en distintas unidades bibliotecarias, que posiblemente disponen de instalaciones y/o condiciones distintas para dar acceso a estas colecciones y por tanto no ofrecen información general en sus sedes web. En otros casos, estos fondos se encuentran en sus Bibliotecas Generales, juntamente con otros fondos no considerados patrimoniales, conviviendo con algunos fondos patrimoniales en otras unidades. Finalmente un número menor de Universidades dedica una biblioteca específica a sus fondos patrimoniales. En todo caso, trece bibliotecas universitarias (28,3% de las analizadas), indican restringir el tipo de usuarios o poseer lugares de consulta específicos. Pese a la variedad de fondos señalados como protegidos en las prácticas de expurgo y de préstamo, las obras objeto de las restricciones ahora analizadas son fundamentalmente los fondos antiguos, y en menor medida los fondos locales.


En la figura 6 analizamos las restricciones señaladas, sumando las bibliotecas con edificio propio para los fondos patrimoniales con aquellas que manifiestan poseer un espacio específico para la consulta de estos fondos.


La digitalización de fondos es una práctica señalada en veintinueve (63%) de las sedes web de las bibliotecas universitarias estudiadas, que dan acceso a ellos a través de sus páginas web, en el repositorio institucional o en ambos. Si añadimos otras bibliotecas incluidas en las Bibliotecas Virtuales del patrimonio ya citadas, el número se eleva a treinta y dos (69,6%), un porcentaje ligeramente superior al encontrado en las bibliotecas públicas. Los tipos de documentos digitalizados son los que se indican en la figura 7.